Gobernador de Michigan hace frente a bancarrota

La bancarrota significaría desempleo y reducción de servicios básicos


El declive económico de la ciudad más grande de Michigan no sucedió de un día para otro, la recaída fue orquestándose a lo largo de la administración de siete gobernadores que llegaron y se fueron.

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Rick Snider, el octavo gobernador, es quien ha tenido que hacer frente al desastreal reclamar mayores poderes para el estado a fin de intervenir en ciudades y escuelas en dificultades.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, los expertos dijeron que Snyder no tenía otra alternativa que guiar a la ciudad a la declaración de bancarrota, de la que espera poder salir para el otoño del 2014.

La decisión fue notable por la manera en que manejó el proceso. Volvió a ser centro de atención nacional un semestre después de haber hecho que su estado, bastión de la industria automovilística y los sindicatos, garantizara el derecho a trabajar.

Aunque se temía desde hacía meses ese desenlace, el camino que sigue se torna aún más incierto. La bancarrota podría significar despidos de empleados, ventas de bienes, aumentos de tarifas y una reducción de servicios básicos tales como la recolección de basura y limpieza de nieve, cuyos gastos ya habían recortados.

Piden a Detroit retirar soliitud de quiebra

En tanto, una jueza de Michigan ordenó a la ciudad estadounidense de Detroit, que suma más de 15 mil millones de dólares en deudas, que retire su solicitud debancarrota al considerar que la medida reduciría pensiones que están protegidas por ley y viola laconstitución del estado, señala la agencia de noticias Efe.

La jueza Rosemarie Aquilina, del Tribunal del 30 Circuito, también recomendó al gobernador de Michigan, Rick Snyder, que lea la Constitución estatal y "reconsidere sus acciones".

Snyder autorizó el jueves la solicitud de declaración de bancarrota de Detroit que había recomendado el administrador de emergencia de la ciudad, Kevyn Orr.

La bancarrota o quiebra tiene que ser autorizada por un juez federal, que determinará en un periodo de entre 30 y 90 días, si la ciudad estadounidense es elegible para el proceso.

Esta disposición legal se aplica exclusivamente a los municipios, y su propósito es permitirle que reestructuren sus deudas, esto es, que pongan en orden de prioridad a sus acreedores, algunos de los cuales recuperarán parte de sus dineros y otros nada.

Poco antes de la solicitud de declaración de bancarrota, los representantes de fondos de pensiones habían solicitado a la jueza Aquilina que bloqueara el proceso para evitar verse afectados por la suspensión de pagos.