Argentina entra en recesión

Cristina Fernández

Cristina Fernández, presidenta de Argentina.

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Evidente frenazo de la actividad económica


El gobierno de la presidenta Cristina Fernández confirmó oficialmente que Argentina se encuentra en recesión: el PIB se contrajo 0.8 por ciento durante el primer trimestre con respecto al mismo periodo de 2013 y al 0.5 por ciento negativo registrado en el último trimestre del año pasado.

La confirmación oficial se da, acota la web del periódico El Mundo, tras varios meses de negar el fuerte freno en la actividad económica que está en boca de los argentinos de a pie, que lo comprueban todos los días.

Como consecuencia, las dos crisis trimestrales que se reportaron de forma consecutiva muestran que técnicamente el país se encuentra en recesión.

Estos datos, afirma el medio, provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), llamado por el FMI a no maquillar las cifras económicas y sociales a conveniencia de la Casa Rosada.

Según el INDEC, son la reducción de las importaciones de bienes y servicios, la caída en las exportaciones y la baja del consumo privado, las principales consecuencias de la retracción económica.

El pago millonario reclamado en NY

Por otro lado, la Agencia France Press informa que el gobierno argentino y los fondos especulativos que le reclaman al país un pago millonario por bonos impagos desde 2001 se reunieron con el mediador judicial en Nueva York, para avanzar en un acuerdo que evite el default de la nación sudamericana, indicó este miércoles la prensa local.

"Cara a cara, Argentina se sentó con los 'buitres' y el mediador", tituló el influyente diario Clarín al especificar que abogados de Argentina y de los fondos especulativos se reunieron el martes con Daniel Pollack, el supervisor del proceso nombrado por el juez para resolver el cumplimiento del fallo que obliga al país a pagar 1,330 millones de dólares.

Argentina los llama "buitres" porque compraron la deuda en default y buscan cobrar el 100% del valor nominal de los papeles.

"El encuentro fue protocolar, de presentación", citó la publicación Infobae y agregó que Pollack "admitió que aún debe conocer los detalles del caso para comenzar a desempeñar su rol: acercar a las partes hasta cerrar un acuerdo".

Abogados de los fondos precisaron que el propio juez del caso iniciado por los fondos especulativos, Thomas Griesa, supervisó por teleconferencia esta reunión desde su casa vacacional fuera de Nueva York.

Las reuniones se desarrollan en momentos en que el ministro de Economía Axel Kicillof viajó a Nueva York para exponer ante el grupo G77 más China en las Naciones Unidas sobre "la reestructuración soberana de deuda, las recientes decisiones judiciales" y las acciones que ha tomado Argentina.

Esperan señales concretas

Los diarios argentinos afirmaron que Kicillof "se reunirá en Nueva York con el mediador" de Griesa, pero el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó esta información.

El juez debe resolver si acepta una petición de Argentina para reponer la medida cautelar que le permita poner sus activos a salvo de eventuales embargos para poder pagarle a los acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010, pero los fondos pidieron al juezgado que rechace esa petición.

"Queremos trabajar con la Argentina en el stay (medida cautelar), pero primero deben ser capaces de demostrar que están embarcados en una negociación de buena fé", dijo un abogado de los fondos al diario La Nación.

Los representantes de los fondos litigantes esperan señales concretas de Argentina sobre su disposición a negociar y estiman que el plazo del 30 de julio es suficiente para cerrar un acuerdo sin reponer la cautelar y evitando el default del país.

"Si la fecha del 30 de julio se acercara y las partes hubieran hecho un buen progreso, pero más tiempo fuera necesario (...) los demandantes tendrían una fuerte motivación en trabajar para acomodar" una suspensión de la sentencia, dijo Robert Cohen, abogado del fondo NML Elliot.

El 30 de julio expira el periodo de gracia para que Argentina pague 900 millones de dólares por bonos reestructurados al 93% de los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 con quitas de hasta el 70%.

Piden regular sistema de reestructuración de deuda

Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de obligar Argentina a pagar la deuda y los intereses detentados por fondos buitres demuestra la importancia de dotarse de leyes, reglas y directrices sobre la reestructuración de deuda soberana, abogó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), informó a su vez Efe.

A mediados de mes, el Tribunal Supremo estadounidense rechazó una apelación argentina y dejó en firme una sentencia del juez Thomas Griesa que ordena a Argentina pagar a los fondos litigantes tenedores de deuda no reestructurada 1,300 millones de dólares que, con intereses, suma 1,500 millones.

"En este contexto caótico, la formulación de normas y principios globales y armoniosos que guíen las reestructuraciones ha devenido de vital importancia", reza un comunicado de la UNCTAD.

El texto recuerda que la UNCTAD ha abogado desde larga data porque se elabore un mecanismo de guía a las reestructuraciones, y anuncia que está actualmente trabajando en un "proyecto".

La UNCTAD considera que la crisis provocada por los "fondos buitres" contra Argentina "amenaza con tener profundas consecuencias para todos el sistema financiero internacional".

"Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 16 de junio de declinar la apelación Argentina contra la decisión que le obliga a pagar 1,330 millones de dólares, resuena más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos".

La UNCTAD considera que el hecho de que se permita entregar información privilegiada a estos fondos sobre el patrimonio que Argentina ostenta en todo el mundo "podría provocar que se dieran otros casos similares de interpretaciones en base a leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña o otras".

La agencia de Naciones Unidas considera que la decisión podría tener "profundas consecuencias para el sistema financiero internacional" y provocar que las reestructuraciones de deuda sean aún más difíciles "al forzar a las instituciones de servicios financieros a proveer información confidencial que podría erosionar la inmunidad soberana", concluye.